lunes, 14 de agosto de 2017

PENSIÓN RAMA JUDICIAL




PENSIÓN DE VEJEZ 

RAMA JUDICIAL Y MINISTERIO PÚBLICO

DECRETO 546 DE 1971




Es preciso decir que de acuerdo con lo previsto por el acto legislativo 01 de 2005, los regímenes pensionales especiales perdieron vigencia  a partir del 31 de julio de 2010, razón por la cual todos los funcionarios del Estado, salvo el Presidente de la República y los miembros de la fuerza pública, se pensionan con fundamento en el Sistema General de Pensiones consagrado en la ley 100 de 1993, con las modificaciones que le introdujo la ley 797 de 2003.

Así las cosas, los funcionarios de la Rama Judicial y de la Procuraduría General de la Nación se pensionan como se pensiona el resto de los colombianos, esto es, a los 57 años de edad las mujeres, y a los 62 los hombres, siempre y cuando acumulen el número de semanas que exige la ley, así: 1275 semanas cotizadas hasta el 31 de diciembre de 2014,  y 1300 a partir del 1º de enero de 2015.

No obstante lo anterior, quienes quedaron amparados por el régimen de transición de que trata el artículo 36 de la ley 100 de 1993, y  acrediten que a julio de 2005 tenían cotizadas al menos 750 semanas cotizadas, y que no se trasladaron a un fondo privado de pensiones que les hubiere ocasionado la pérdida del régimen de transición, podrán pensionarse con el régimen especial consagrado en el Decreto 546 de 1971(Régimen especial de los empleados y funcionarios de la Rama Judicial y el Ministerio Público), si cumplen los requisitos que éste prevé y que son:

1. Tener cumplidos 50 años de edad las mujeres y 55 los hombres.
2. Reunir 20 años de servicios  continuos o discontinuos, de los cuales por lo menos 10 deben haber sido prestados de manera exclusiva a la Rama Judicial o al Ministerio Público, o a ambas actividades.

Sobre este último punto hay que precisar que los 20 años de servicios no necesariamente  tienen que ser al sector público, sino que puede acumularse el tiempo laborado en el sector privado. Y así hay que entenderlo, dado que la única condición que señala la ley es que de esos 20 años por lo menos 10 deben haber sido laborados en la Rama judicial o en el Ministerio Púbico.

La pensión será vitalicia y su valor equivaldrá al 75% de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado el funcionario en el último año de servicios, sin que le sea permitido a Colpensiones aplicar dicho porcentaje sobre una base de liquidación distinta a la consignada en el decreto, toda vez que los dos componentes, base y porcentaje,  son inseparables.

Lo anterior hay que subrayarlo, porque se daba el caso de que el fondo de pensiones liquidaba la pensión de acuerdo con lo previsto en el Decreto 546 de 1971, pero al establecer el quantum de la misma tomaba el porcentaje que señala el decreto y se lo aplicaba a la base de liquidación consagrada en el artículo 21 de la ley 100 de 1993.

Esa práctica dio lugar a que la Sala de Casación Laboral de la Corte en una oportunidad  dijera lo siguiente:

“(…)Es imposible desvertebrar el efecto de la causa y por consiguiente no se puede afirmar, como en el caso que motiva la presente tutela, que el porcentaje es el del régimen especial del decreto 546/71 y la base reguladora es la señalada en la ley 100 de 1993. Por lo tanto, el  ingreso base de liquidación (ILB) fijado en el inciso 3° del artículo 36 de la ley 100 de 1993 solo tiene aplicación específicamente para lo allí indicado y en el evento de que en el régimen especial se hubiere omitido el señalamiento de la base reguladora. Si un funcionario o exfuncionario judicial o del Ministerio Público reúne los requisitos para gozar del régimen especial se aplicará en su integridad el artículo 6° del decreto 546/71, luego no se puede tasar el monto de acuerdo con la ley 100 de 1993. Hacer lo contrario es afectar la inescindibilidad de la norma jurídica. Además, el inciso segundo del artículo 36 de la ley 100 de 1993, que establece el régimen de transición expresamente cobija “el monto de la pensión de vejez” y el monto significa una operación aritmética de un porcentaje sobre una base reguladora expresamente fijada en el artículo 6° del decreto 546/71.”(Sentencia T-631 de 2002)

Ahora bien, sobre el cálculo de la asignación mensual más elevada de la que se viene hablando, ha dicho la Corte que  se deben tener en cuenta los factores  salariales de los que habla el artículo 12 del Decreto 717 de 1978, que reza:

Además de la asignación básica mensual fijada por la ley para cada empleo, constituyen factores de salario todas las sumas que habitual y periódicamente reciba le funcionario y empleado como retribución por sus servicios. Son factores de salario: Los gastos de representación. a) La prima de antigüedad, b) el auxilio de transporte, c) la prima de capacitación, d) la prima ascensional, e) la prima semestral y f) los viáticos percibidos por los funcionarios y empleados en comisión en desarrollo de comisiones de servicio”

Y advierte igualmente la Sala que no se incluyen los viáticos que haya recibido el empleado o funcionario, salvo que se trate de viáticos permanentes que se hayan recibido dentro de los últimos tres años servidos a la Rama Judicial o al Ministerio Público,  durante un lapso continuo de seis meses o mayor”.

Y si bien es cierto el mencionado decreto no estable límites al monto de la pensión, de todas maneras éste no podrá ser superior al tope de los 25 salarios mínimos legales mensuales, al tenor de lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia T-892 del 3 de diciembre de 2013.

Finalmente, si el tiempo laborado en dichas entidades fuere inferior a los 10 años, la pensión de jubilación se liquidará en la forma ordinaria establecida para los empleados de la rama administrativa del Poder Público.


Omar Franklin Colmenares Trujillo
Abogado Analista

domingo, 30 de julio de 2017

JUSTICIA ESPECIAL PARA LA PAZ




Justicia Especial Para La Paz (JEP)

Un remedo de Justicia? 




En esta oportunidad me quiero detener en uno de los aspectos  más álgidos del acuerdo de paz con las farc, y es lo atinente al modelo de justicia transicional que tanta controversia y polarización ha causado en el país;  pues bien,  es necesario hacer un estudio juicioso a lo que representa en mi concepto la mayor impunidad nunca antes vista en Colombia,  la Justicia Especial Para la Paz. (JEP).

Recientemente el congreso de la republica expidió el acto legislativo  01 del 04 de abril “Por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera y se dictan otras disposiciones ”, en esta norma que además de estar en manos de la corte constitucional para su respectivo estudio de constitucionalidad, se convirtió en parte de nuestra constitución política, para que nadie ni nadie pueda modificarlas en un futuro.

Les explicaré a continuación en que consiste de acuerdo a la norma aprobada  la Jurisdicción Especial para la Paz:

En el Capítulo III Denominado Jurisdicción Especial Para la Paz, nos dice la norma en cita , en su artículo 5 transitorio que la Jurisdicción Especial para la Paz tendrá un régimen legal propio con autonomía administrativa, presupuestal y técnica y conocerá de manera preferente sobre todas las demás jurisdicciones y de forma exclusiva de las conductas cometidas con anterioridad al 1 de diciembre de 2016, por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, por quienes participaron en el mismo, en especial respecto a conductas  consideradas graves infracciones al derecho internacional humanitario o graves violaciones a los derechos humanos.

Estará conformada por tres salas, que en total sumarán 18 magistrados: la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los hechos y conductas; la Sala de Definición de las Situaciones Jurídicas; y la Sala de Amnistía o Indulto.

Habrá un Tribunal de paz que será la máxima instancia de la Jurisdicción y tendrá 20 magistrados colombianos. Se dividirá entre dos secciones de primera instancia, una de revisión de sentencias, otra de apelación, y una sala de Estabilidad y Eficacia, Además, se contará con 4 juristas expertos extranjeros que intervendrán. Excepcionalmente, a solicitud de las personas sometidas a su jurisdicción o oficio, la Sección que vaya a conocer caso pedirá la intervención, como amicus curiae, hasta 2 juristas extranjeros de reconocido prestigio.

Respecto de la acusación Habrá una Unidad de Investigación y Acusación que adelantará las investigaciones necesarias ante el Tribunal y podrá apoyarse con la Fiscalía General de la Nación. La Unidad tendrá su propio director y mínimo 16 fiscales.

Los magistrados y fiscales no tendrán que ser funcionarios de carrera y no se les aplicará ninguna limitación de edad como requisito para su designación o permanencia en el cargo. Igualmente, no se les aplicará el sistema de carrera ni tendrán que pertenecer a la rama judicial.

Para ser elegido Magistrado del Tribunal para la Paz deberán reunirse los requisitos señalados en el artículo 232 de la Constitución Política, salvo en lo relacionado con el límite de edad. Para ser elegido Magistrado de Sala deberán reunirse los mismos requisitos que se requieren para ser Magistrado de Tribunal Superior de Distrito Judicial.

La secretaria ejecutiva se  encargará de la administración de la Jurisdicción y tendrá un presidente, trece magistrados suplentes; cuatro juristas internacionales, que podrán opinar sobre los casos pero no votar en el Tribunal de Paz, y seis que harán lo mismo pero en las salas.

Los magistrados del Sistema Integral, así como los integrantes de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, serán escogidos por el Comité de Escogencia, que ya fue integrado por designación de varias organizaciones; los fiscales serán nombrados por el Director de la Unidad de Investigación y Acusación.

Se creará una sala incidental para definir conflictos de competencia con la Corte Constitucional y otra con el mismo propósito, pero para solucionar los problemas de competencias con las comunidades indígenas.

Ellas podrán revisar decisiones proferidas por otras jurisdicciones a petición de condenados de la JEP, por aparición de hechos no tenidos en cuenta con anterioridad o cuando surjan pruebas no conocidas al tiempo de la condena, siempre que tengan relación con el conflicto armado.

También se creó una comisión de esclarecimiento de la verdad que será temporal y autónoma y extrajudicial, para que pueda lograr el objetivo de reunir y reconstruir las verdades sobre el conflicto armado. Sus actividades no tendrán carácter judicial ni podrán implicar la imputación penal de quienes comparezcan ante ella.

La jurisdicción especial para la Paz funcionara hasta por 10 años desde la entrada en funcionamiento de todas las salas y secciones, y 5 años más para concluir su actividad y prorrogables por el mismo tiempo.

Hay un plazo adicional para recibir informes de la Sala de Reconocimiento de Verdad, que será de 2 años y podrá prorrogarse hasta completar un periodo máximo de 3 años.

El pueblo colombiano le dijo el 02 de octubre de 2016 NO al acuerdo con las Farc, toda vez que consideró que a los integrantes de grupos terroristas se les estaba dando la más absoluta impunidad;  no obstante el gobierno con sus maniobras leguleyas nos metió a la brava a merced de la enmermelada unidad nacional,  un acuerdo de paz bajo sofismas y engaños, que desde luego la oposición no ha dejado de denunciar y que a pesar de los constantes ataques lentamente nos vamos dando cuenta de  que lo que se negoció en la Habana fue la democracia del país, entregándole a los criminales la posibilidad de participar en política sin primero purgar penas privativas de la libertad.

Pero claro que no es un acuerdo, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), lo que ha venido a confirmar son las dudas que se teníamos en Colombia sobre las negociaciones en la Habana, el Nobel de paz  Juan Manuel Santos les concedió todas y cada una de las peticiones irrestrictamente a este grupo guerrillero, sin detenerse a considerar al menos los postulados básicos de justicia internacional.
Me tome el trabajo de leer no solo el acto legislativo 01 de 2017 sino además la vergonzosa ley 1820 de 2016 del 30 de diciembre de 2016, que fue aprobado en plenas fiestas decembrinas en el congreso, en verdad que quede abismado, absorto,  de ver semejante espécimen jurídico de impunidad a quienes por años cometieron las más graves violaciones a los derechos humanos en Colombia.

Ahora quienes pedimos justicia, nos dicen que tenemos sed de venganza, ¿acaso las normas jurídicas penales y de derecho internacional Humanitario no están para salvaguardar y proteger los derechos de las víctimas?   Es que la Jurisdicción especial para la paz es un remedo de Justicia, hecha a la medida de los guerrilleros, con tal de esquivar su responsabilidad histórica de violencia contra el pueblo colombiano.

La Ley decembrina del horror lo que define es el procedimiento de amnistía e indultos y otros tratamientos especiales a los guerrilleros de las farc, es decir que quienes están en las cárceles han empezado a salir libres y los que no continuaran en libertad.

Una vez promulgada esta ley el presidente no demoró en empezar a adoptar decisiones de impunidad a los guerrilleros, pues el 17 de febrero de 2017, en uso de facultades extraordinarios concedidas por el congreso, expide el decreto 277 otorgándoles amnistía e indulto y otros a los miembros de las Farc que hayan cometido delitos como rebelión, sedición, asonada, conspiración entre otros, dentro de las categoría de delitos políticos.

Lo más grave aún de la Justicia especial para la paz es la manera como el gobierno les lavo el dinero del narcotráfico y los secuestros a los terroristas, no para reparar a las victimas sino para hacer proselitismo político;  pues el delito de narcotráfico según los más respetables juristas de la unidad nacional lo convirtieron en delito conexo, es decir delito político y por lo tanto también van a quedar impunes.

Y para cerrar con broche de oro tenemos el artículo transitorio 20 Del acto legislativo 01 de 2017; Participación en política. La imposición de cualquier sanción en la, JEP no inhabilitará para la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho, activo o pasivo, de participación política.

Ahora los guerrilleros que sin reparar a las víctimas, guardando dineros de narcotráfico, sin entregar los niños que aún tienen en su poder, son llamados gestores de paz, son invitados honorables a todos los escenarios de la política nacional bajo el argumento maquiavélico de que es preferible ver un guerrillero haciendo política que echando bala en el monte.

También considero importante aclarar cuál será el tratamiento para quienes sigan delinquiendo después de la firma del acuerdo de paz con las Farc, sobre todo respecto de los delitos continuados en que eventualmente incurran las personas desmovilizadas deben ser de conocimiento de la jurisdicción ordinaria cuando se extiendan más allá del 1 de diciembre de 2016.

Según el acuerdo final, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) utilizará fuentes como el Código Penal colombiano y las normas de derechos humanos (DIDH), el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y el Derecho Penal Internacional (DPI), para determinar la sanción de las personas que se hayan visto envueltas en hechos relacionados con el conflicto armado. 

Sin embargo, en este  Acto Legislativo se está creando una regla particular para la Fuerza Pública, sin razón alguna. Por un lado, en estos casos se omitirá lo dicho por el Derecho Penal Internacional y las normas de derechos humanos y, por el otro, se tendrá en cuenta el Código Penal colombiano pero aquel que estaba “vigente al momento de la comisión del hecho”. 

En este acto legislativo no está explícito que la responsabilidad del mando también aplicará a los jefes guerrilleros, como lo establece el acuerdo final.  Este vacío ha llevado a que algunos infieran que sólo aplicará a la fuerza pública y no a la guerrilla. Por esto, es fundamental que se incluya este punto explícitamente.

Solamente exige que se juzgue a un superior, si se prueba que este sabía que sus subordinados estaban cometiendo o iban a cometer un crimen. Pero el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Penal Internacional también exigen que se juzgue a superiores si hay evidencia de que estos poseían información que les “permitiera concluir, en las circunstancias del momento, que sus subordinados no estaban cometiendo o iban a cometer violaciones”.

Y termino repitiendo un epígrafe pronunciado por el  Honorable expresidente de la Corte Suprema de Justicia Jaima Arrubla,  La JEP “es un golpe de Estado”


 OMAR COLMENARES TRUJILLO
ABOGADO ANALISTA






PENSIÓN RAMA JUDICIAL

PENSIÓN DE VEJEZ  RAMA JUDICIAL Y MINISTERIO PÚBLICO DECRETO 546 DE 1971 Es preciso decir que de acuerdo con lo p...